El Estado nacional recaudó $4.340 millones por los aportes fiscales de las empresas mineras en 2010, y los estados provinciales mineros recibieron $1.300 millones. Es con datos de 2010, cuando creció la recaudación por derechos de exportación.
Según un estudio realizado por la consultora Abeceb.com sobre la presión fiscal del sector minero a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se desprende que por casi cada cuatro pesos que aporta la industria en materia impositiva sólo uno va a parar a las arcas provincias.
El Estado nacional recaudó $4.340 millones por los aportes fiscales de las empresas mineras en 2010, un 77% del monto total que pagó el sector en materia impositiva. Los estados provinciales que tienen habilitada la extracción metalífera recibieron $1.300 millones. El estudio de la consultora considera que el incremento de las retenciones a las exportaciones disminuyó los ingresos de los distritos mineros.
“La regresividad de la carga tributaria efectiva se explica por los derechos de exportación y, en menor medida, por las regalías sobre el valor de producción en boca de mina”, explicó el informe de la consultora publicado en diciembre. “Hoy la carga tributaria en la Argentina recién alcanza los estándares internacionales a partir de un margen del 50%. Eso podría afectar el marco de competitividad ante una reversión del ciclo de precios”, advierte.
Como consecuencia del cobro de derechos a la exportación en 2010 aumentó el ingreso del Tesoro Central en $1.180 millones. Sin embargo, se redujo la recaudación del Impuesto a las Ganancias tanto de la Nación como de las provincias, con lo cual el efecto neto recaudatorio positivo de las retenciones fue de $767 millones.
La minería atraviesa un momento económico positivo para las compañías del sector y cuenta con la promoción de varios gobernadores. Sin embargo, en provincias como Chubut tienen la negativa de organizaciones sociales que reclaman más restricciones para esta actividad extractiva.

GANANCIA GARANTIZADA
Una de las críticas, además de los enormes volúmenes de agua que precisa la minería a cielo abierto, es el bajo aporte económico que deja finalmente a los Estados provinciales. Es que en la década de los noventa se promulgó una Ley que brinda incentivos fiscales extraordinarios a las empresas que quieran invertir.
No fue hasta que el ex presidente Néstor Kirchner propuso el Plan Minero Nacional (entre otros planes para reactivar la industria argentina) que las mineras comenzaron a desembolsar sumas cada vez más grandes para explorar los yacimientos mineros del país y ponen en producción varios proyectos inactivos.
Uno de los beneficios por ley de las empresas garantiza la estabilidad fiscal y cambiaria por el término de 30 años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. Las regalías están fijas con un tope del 3%. También hay doble deducción de gastos de exploración (hasta el 100% del monto invertido) y devolución del IVA a la exploración. En el Acuerdo Federal Minero, las provincias acordaron facilitar la eliminación de gravámenes y tasas municipales e impuestos de sellos.
Mario Pais, diputado del Frente para la Victoria por Chubut, presentó un proyecto para cambiar la ley de inversiones mineras y así recortar los alcances que tiene en materia de estabilidad fiscal  y establecer un sistema tributario progresista.
“Sólo ampliando las posibilidades de llevar a cabo una política fiscal razonable se puede desarrollar un modelo económico de país productivo, redistributivo y sostenible en el tiempo, y se posibilita que el Estado Nacional y las Provincias puedan ejercer en plenitud sus potestades legislativas en materia impositiva para atender las diferentes circunstancias que coyunturalmente ameriten modificaciones en la materia”, dijo cuando presentó la propuesta.
Otra iniciativa de Pais presentada en la Cámara de Diputados de la Nación pretende modificar la actual protección ambiental en los emprendimientos mineros para volverla más eficiente e incorporar la participación ciudadana, tanto a las organizaciones ambientalistas como de pueblos originarios.