De este modo, reaccionaron los funcionarios judiciales de todo el país ante los cuestionamientos del gobernador Martín Buzzi y del intendente Néstor Di Pierro.
Según las autoridades de los Consejos de todo el país es “inédito que quienes han sido electos para gobernar aparenten desconocer que la prevención del delito es tarea que les resulta irrenunciable, no reconozcan que los fiscales investigan según la estructura dada por el propio poder político y mediante una fuerza policial que es formada y que depende del Poder Ejecutivo”.

RESPONSABILIDAD POLITICA
Ante la situación creada respecto al Ministerio Público Fiscal y a los Magistrados del Fuero Penal en la provincia de Chubut, los funcionarios de diferentes puntos del país afirmaron que es necesario recordar al poder político, y en especial a la ciudadanía, que “tanto el Código de Procedimiento Penal, como el sistema de excarcelaciones y otros institutos de igual importancia, son producto de sus decisiones, ajenas a la competencia de fiscales y jueces”.
De la misma manera cuestionaron el aparente desconocimiento sobre “el número de organismos predispuestos por ese mismo poder político para dictar sentencia, resulta indiscutiblemente insuficiente para un índice delictual que no responde, claro está, solo a la actuación de fiscales y jueces”.

COLONIZAR LA JUSTICIA
Afirmaron además que resulta “desesperanzador” escuchar de la autoridad política que la Provincia haga referencia a “un excelente nivel de prevención del delito, ello como mínimo, es una conducta evasiva de la realidad”. Luego afirmaron que “produce perplejidad que esos mismos gobernantes pretendan encabezar movilizaciones populares, intenten guiar a una ciudadanía descontenta hacia la casa de fiscales y jueces o pretendan, como única y última solución de una problemática que pretenden o parecen no entender, iniciar una catarata de juicios políticos y jurys de enjuiciamiento que, todos presumimos, no tendrá otra finalidad que colonizar a la justicia de Chubut, garantizando la impunidad para los poderosos. Todo ello adquiere evidente gravedad institucional”.
El documento fue elaborado en una asamblea extraordinaria de la que participaron la totalidad de los fiscales y procuradores generales de todo el país. Allí resolvieron conformar una comisión integrada por los procuradores de Río Negro, Neuquén, Salta y Chaco  quienes tendrán la misión de realizar un “estudio circunstanciado de los hechos ocurridos en la jurisdicción de Chubut, brindar informe a la asamblea, recomendando las acciones a seguir”.
Asimismo, acordaron comunicar al procurador Jorge Miquelarena la disponibilidad de las comisiones directivas de ambos consejos para constituirse en Chubut “a fin de coadyuvar en el necesario debate que la situación requiere”.